News Release:
Tuesday, March 28, 2023Lee abajo en español
SEATTLE – Today, the U.S. Department of Justice and the City of Seattle asked the Court to terminate the consent decree, which would end federal court oversight of discriminatory policing, model use-of-force policies, data-collection and officer early warning system, community participation and civilian oversight. The parties are asking the Court to craft a “transition agreement,” focusing on two broad areas: crowd control, including tactics and use of force, and the key issue of officer accountability. Both of those areas will remain the focus of narrow federal oversight in what is now being called a “transition agreement,” a streamlined tool with a narrow set of outcomes.
Enoka Herat, Police Practices and Immigrant Rights Counsel for the ACLU of Washington had this reaction:
“This move does not mean ‘mission accomplished,’ and we don’t want to give the impression that the absence of a consent decree means the problems that led to the consent decree are gone. Data shows SPD still needs improvement in routine policing where officers are 4 times more likely to stop Black people and 5.8 times more likely to stop Indigenous people than white people. Consent decrees, however, aren’t supposed to last forever – they’re costly and use vital community resources. If the Court decides to end the consent decree, it should be a call to action for the police to continue the perpetual work of constitutional policing and being accountable, and for the civilian oversight bodies and community groups to continue oversight to ensure the department is being accountable.”
La ACLU de Washington comenta sobre la petición presentada por el Departamento de Justicia y la Ciudad de Seattle para poner fin al decreto de consentimiento
Comunicado de prensa:
Martes, 28 de marzo de 2023
SEATTLE – Hoy, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Ciudad de Seattle solicitaron a la Corte que ponga fin al decreto de consentimiento, que daría fin a la supervisión por parte de los tribunales federales de actividades policiales discriminatorias, las políticas modelo de uso de la fuerza, la recopilación de datos y el sistema de alerta temprana de agentes de la policía, la participación comunitaria y la supervisión civil. Las partes están pidiendo a la Corte que elabore un "acuerdo de transición", centrándose en dos áreas generales: la gestión del riesgo de aglomeraciones de público, incluidas las tácticas y el uso de la fuerza, y el tema clave de la rendición de cuentas de los agentes de la policía. Ambas áreas seguirán siendo el foco de una estrecha supervisión federal en lo que ahora se ha denominado un "acuerdo de transición", una herramienta simplificada con un conjunto limitado de resultados.
Enoka Herat, abogada de la ACLU de Washington especializada en derechos migratorios y prácticas policiales manifestó lo siguiente:
"Esta acción no significa 'misión cumplida', y no queremos dar la impresión de que la ausencia de un decreto de consentimiento signifique que los problemas que llevaron al mismo hayan desaparecido. Los datos indican que el Departamento de Policía de Seattle aún necesita mejoras en la vigilancia policial de rutina. En el ejercicio de sus actividades, la probabilidad de que los agentes detengan a personas de raza negra es 4 veces mayor que a las personas de raza blanca, y en el caso de personas indígenas es 5.8 veces mayor. No obstante, los decretos de consentimiento no deben durar para siempre: son costosos y consumen recursos vitales de la comunidad. Si la Corte decide poner fin al decreto de consentimiento, esto debería servir como un llamado a la acción para que las fuerzas del orden continúen la incesante labor de vigilancia de forma constitucional y la rendición de cuentas, y para que los organismos de supervisión civil y los grupos comunitarios continúen supervisando para garantizar que el departamento también rinda cuentas".
SEATTLE – Today, the U.S. Department of Justice and the City of Seattle asked the Court to terminate the consent decree, which would end federal court oversight of discriminatory policing, model use-of-force policies, data-collection and officer early warning system, community participation and civilian oversight. The parties are asking the Court to craft a “transition agreement,” focusing on two broad areas: crowd control, including tactics and use of force, and the key issue of officer accountability. Both of those areas will remain the focus of narrow federal oversight in what is now being called a “transition agreement,” a streamlined tool with a narrow set of outcomes.
Enoka Herat, Police Practices and Immigrant Rights Counsel for the ACLU of Washington had this reaction:
“This move does not mean ‘mission accomplished,’ and we don’t want to give the impression that the absence of a consent decree means the problems that led to the consent decree are gone. Data shows SPD still needs improvement in routine policing where officers are 4 times more likely to stop Black people and 5.8 times more likely to stop Indigenous people than white people. Consent decrees, however, aren’t supposed to last forever – they’re costly and use vital community resources. If the Court decides to end the consent decree, it should be a call to action for the police to continue the perpetual work of constitutional policing and being accountable, and for the civilian oversight bodies and community groups to continue oversight to ensure the department is being accountable.”
La ACLU de Washington comenta sobre la petición presentada por el Departamento de Justicia y la Ciudad de Seattle para poner fin al decreto de consentimiento
Comunicado de prensa:
Martes, 28 de marzo de 2023
SEATTLE – Hoy, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Ciudad de Seattle solicitaron a la Corte que ponga fin al decreto de consentimiento, que daría fin a la supervisión por parte de los tribunales federales de actividades policiales discriminatorias, las políticas modelo de uso de la fuerza, la recopilación de datos y el sistema de alerta temprana de agentes de la policía, la participación comunitaria y la supervisión civil. Las partes están pidiendo a la Corte que elabore un "acuerdo de transición", centrándose en dos áreas generales: la gestión del riesgo de aglomeraciones de público, incluidas las tácticas y el uso de la fuerza, y el tema clave de la rendición de cuentas de los agentes de la policía. Ambas áreas seguirán siendo el foco de una estrecha supervisión federal en lo que ahora se ha denominado un "acuerdo de transición", una herramienta simplificada con un conjunto limitado de resultados.
Enoka Herat, abogada de la ACLU de Washington especializada en derechos migratorios y prácticas policiales manifestó lo siguiente:
"Esta acción no significa 'misión cumplida', y no queremos dar la impresión de que la ausencia de un decreto de consentimiento signifique que los problemas que llevaron al mismo hayan desaparecido. Los datos indican que el Departamento de Policía de Seattle aún necesita mejoras en la vigilancia policial de rutina. En el ejercicio de sus actividades, la probabilidad de que los agentes detengan a personas de raza negra es 4 veces mayor que a las personas de raza blanca, y en el caso de personas indígenas es 5.8 veces mayor. No obstante, los decretos de consentimiento no deben durar para siempre: son costosos y consumen recursos vitales de la comunidad. Si la Corte decide poner fin al decreto de consentimiento, esto debería servir como un llamado a la acción para que las fuerzas del orden continúen la incesante labor de vigilancia de forma constitucional y la rendición de cuentas, y para que los organismos de supervisión civil y los grupos comunitarios continúen supervisando para garantizar que el departamento también rinda cuentas".
Court Case:
United States v. City of Seattle